¿Arde Francia...?
Hace poco más de un mes, cerca de 3 millones de franceses manifestaron, en la capital y en otras 220 ciudades, su bronca y su repudio a las políticas gubernamentales frente a la crisis y a la destrucción de los servicios públicos. Trabajadores del sector público y del sector privado recorrieron las calles porque están cansados de ser las primeras víctimas del marasmo financiero del cual ellos no son responsables.
Organizadas por las principales centrales sindicales, las marchas se caracterizaron por la presencia de los más diversos segmentos sociales: obreros, empleados, jueces, funcionarios, docentes, carteros, investigadores, estudiantes, jubilados, despedidos sin trabajo, artistas de calle, madres solteras, policías, etc. Esta concurrencia inusitada traduce el fuerte grado de exasperación social que atraviesa Francia. Los demás gobiernos europeos camuflan el miedo de que la revuelta francesa inicie una serie de conflictos sociales en sus países.
Los medios de comunicación hacen su trabajo: silencio y manipulación. Nada se dice sobre las revueltas de los griegos. Se ofrece material periodístico sobre las bufonadas de Berlusconi para que podamos discutirlas, pero nada se dice sobre las huelgas de los obreros italianos. Los estudiantes universitarios franceses no saben que los estudiantes españoles también están en lucha y los españoles no saben que los franceses hace tres meses y medio que están en huelga, en los dos países por los mismos objetivos: contra la privatización de la enseñanza pública. Ningún diario español hace un comentario. ¿Qué sabemos de las huelgas y manifestaciones en Polonia y en Portugal...? Nada. Las empresas periodísticas mayoritariamente aliadas de los gobiernos cuidan de no extender el fuego.
Éste es un cuadro que difícilmente aparezca en los medios de comunicación argentinos que prefieren seguir la óptica «catastrófica» y adormecedora de conciencias que vienen del exterior. El ejemplo más divulgado es el «secuestro» de patrones. Es real que las luchas se radicalizan frente a la inflexibilidad de los patrones y del gobierno. La patronal, los partidos de derecha, el gobierno ponen cara de inquietos y difunden los hechos en sus medios de propaganda para manipular las conciencias sobre la «ilegalidad» de este tipo de lucha, lo que termina en una nueva vuelta de tuerca sobre los trabajadores justificando la represión. Un hombre que fabrica chips, neumáticos, cabezales de video durante ocho horas al día por 1.200 euros* después de quince años de antigüedad recibe, un día, el aviso de su patrón de que se quedó sin trabajo o que la fábrica cierra, que en el mejor de los casos estará incluido en un «plan social» trucho, una reclasificación profesional trucha, una posible nueva formación trucha, y que otro tipo de saco y corbata viene a explicarle que puede poner su propia empresa de peluquería para perros antes de pasar a engordar las estadísticas del paro. ¿Qué otra cosa podría haber hecho un trabajador en una situación semejante? Pues bien, el hombre no quiere perder su trabajo, no quiere transformarse en peluquero de perros ni abrir un salón de té biológico en una barriada, quiere conservar su casa que no terminó de pagar, quiere seguir pagando el curso de danza de la
pequeña, quiere comer un asadito de salchichas todos los domingos en familia. Lo único que les queda como acción a los trabajadores que van a 
perder todo es «secuestrar» al patrón. ¿Cuál es el resultado del «secuestro» de un patrón...? Ninguno. En ningún caso concreto de «secuestro» de patrón los trabajadores lograron cambiar la relación de fuerzas y evitar el despido masivo. Obligar al patrón a compartir unos sándwichs con los proles no es el resultado de la organización obrera, sino el de la desesperación. La burguesía lo sabe y por eso no sólo que no se inquieta, sino que lo difunde. Lo que la inquieta es cuando los trabajadores se organizan y eso no lo difunde en sus medios de propaganda. Este es un buen ejemplo de que «cuanto peor mejor» no es cierto.
El movimiento de protesta es amplio y profundo y se corresponde con la dureza de la burguesía en el gobierno. La huelga en las universidades y en los centros de investigación dura ya dos meses y medio. El gobierno pareciera que todavía ni se enteró y los medios de comunicación tampoco. En julio del 2007 el parlamento votó una ley relativa a las libertades y
responsabilidades de las universidades. Presentada como una autonomía dada a las universidades, el proyecto consiste en realidad en abrir el conocimiento a la competencia y al mercado. La liberación progresiva del compromiso del Estado con la enseñanza y la investigación lleva al fin de un servicio público. Una de las modificaciones que presentan el mayor rechazo es el poder dado a los presidentes de universidades que podrán decidir sobre las horas dedicadas a la enseñanza y a la investigación de los docentes. En el mismo sentido decidirán sobre los métodos y contenidos de los cursos. Otro de los puntos rechazados de la ley es la supresión de plazas de docente y la precariedad del conjunto de la comunidad universitaria, al considerar en pasantía a los nuevos docentes, además de la tercerización progresiva de los trabajos administrativos. Poner en competencia a las universidades, así como a los investigadores, es la lógica gerencial de esta nueva ley. La desaparición de cursos, de centros de investigación y de pequeñas universidades «no rentables» es el objetivo no declarado. Pero lo que encendió el brasero fueron, en primer lugar, las promociones de los docentes que antes se hacían en el ámbito nacional según el curriculum del docente y ahora se harán a nivel local según cuánto se le chupe las medias al presidente. En segundo lugar, habrá un aumento de las horas de curso por docente sin aumento de su remuneración.
En nombre de una pretendida modernización, las reformas universitarias revisten un carácter ideológico que apunta a
mercantilizar y rentabilizar el conocimiento y terminar con la calidad y perennidad del servicio público. El capitalismo industrial necesitaba fuerza de trabajo instruida, formada profesionalmente, que le permitiera entender y desarrollar el proceso de producción. La actual fase no la necesita. Todo lo contrario. Con un pequeño número de profesionales especializados seleccionados a través del dinero (pago de matrículas universitarias) le es suficiente. El resto de la sociedad no tendrá acceso a la cultura y a la educación, marginalizando a grandes porciones de la sociedad. Para ellos es mejor que no entiendan nada, que no piensen nada, que vendan barata su fuerza de trabajo y que trabajen sin chistar.
Otro frente de lucha es el sistema de salud. Francia tiene uno de los mejores sistemas del mundo y… es público. Cada habitante gasta en salud alrededor de 2.300 euros por año y una gran parte son reembolsados por el Estado. Si se multiplica esta suma por los 65 millones de habitantes, tendremos una masa de dinero que el capital privado quiere apropiarse transfiriéndola del sector público al privado. El proyecto de ley en discusión sobre la salud, rechazado por la comunidad hospitalaria, apunta a sustituir la noción de «servicio público hospitalario» por el de «misiones de servicio público» que podría estar garantizado por cualquier establecimiento de salud privado. El gobierno intenta, así, borrar las diferencias entre el hospital público que recibe a todos los pacientes y la clínica privada donde el objetivo es ganar dinero y recibe sólo las patologías rentables.
De la misma manera que en la universidad, el director del hospital público no será un médico de la comunidad hospitalaria, sino un «manager», médico o no. Este «patrón» será juzgado por su capacidad para reabsorber déficits, es decir, eliminar las actividades de salud no rentables y
suprimir puestos de trabajo. La ley elimina el contrato de trabajo del médico y su remuneración estará en relación con el cumplimiento de los objetivos financieros. Por otro lado, ya no habrá concursos porque los médicos serán designados por el director que puede despedirlos cuando quiera. Para los/las enfermeros/as hay 20 mil empleos amenazados con el reagrupamiento de los servicios hospitalarios, con la «mutualización» de los recursos. En definitiva, el objetivo del gobierno es hacer pasar esa gran masa monetaria del sistema de salud al capital privado, reduciendo la calidad que primaba hasta ahora por la cantidad, un paciente importará por la tarifa y no por su enfermedad.
Junto con la reacción popular por la ofensiva gubernamental contra los servicios públicos, en los últimos meses los conflictos sociales van en aumento y, según las encuestas de opinión, un 75% de los ciudadanos los sostienen. Una ola de despidos y cierres de empresas condujo a la supresión de cerca de 200.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2008. En el mes de marzo de 2009 hubo 70.000 despidos, lo que para el gobierno «no es catastrófico». La industria automotriz, la banca, el transporte, la distribución, la petroquímica, la siderurgia despiden trabajadores, cierran establecimientos provisoria o definitivamente, suspenden días de trabajo. Los obreros de Continental reaccionaron violentamente luego de que la justicia le diera la razón a la patronal para cerrar la fábrica dejando en la calle a 1.200 trabajadores. La respuesta del gobierno fue perseguir judicialmente a los trabajadores. Los trabajadores de Caterpiller luchan por evitar 733 despidos. Los trabajadores del gas y de la electricidad realizan cortes «salvajes» reclamando aumentos de salarios y el fin de la privatización. Los obreros de Sony y de Molex retienen a los patrones. Hasta los guardianes de prisión están en huelga.
Despido para los trabajadores, 26 mil millones de euros para las empresas en subsidios, 360 mil millones de euros para los bancos, salarios e indemnizaciones astronómicas para los dirigentes de empresas. En marzo, el director de una empresa automotriz que recibió 19 millones de euros en ayuda del Estado y despidió el 10% de sus trabajadores, deja la empresa con una indemnización de más de 3 millones de euros. Alcatel en pleno marasmo financiero, premia a dos de sus directores con una indemnización de 6 millones a cada uno. Estas indemnizaciones se hicieron públicas luego del anuncio de 12.500 despidos de trabajadores en la empresa. El trabajo sucio de despedir trabajadores o cerrar empresas lo realizan los «limpiadores de empresas», los «yuppis» de una nueva profesión en auge. Su misión es simple: despedir evitando complicaciones jurídicas y limitando las indemnizaciones de los trabajadores al mínimo legal.
Nuestro objetivo no es discutir si la crisis existe o no, sino mostrar cómo la burguesía aprovecha de la «crisis» para avanzar sobre los trabajadores. Se podrían señalar algunas proposiciones del gobierno que con sólo mencionarlas permiten vislumbrar la amplitud de la ofensiva burguesa. El gobierno presentó un proyecto de ley que fomenta «el préstamo» de la fuerza de trabajo entre empresas, lo que le permite romper con los sindicatos, las comunidades de trabajo, la residencia geográfica de los trabajadores. La próxima ley que será tratada en el Parlamento se refiere al trabajo dominical: las empresas podrán obligar a sus trabajadores a trabajar los domingos. Y la que provocó una gran movilización de la ciudadanía: por ayudar, darle de comer o abrigo a un inmigrante no legal, un ciudadano puede ir a prisión cuatro meses, como mínimo.
Éste es el panorama mediatizado de la «crisis» actual francesa. Por debajo de este panorama están los jubilados que batallan día a día por subsistir. Un obrero textil que trabajó más de 40 años tiene hoy una jubilación de 750 euros al mes. El consumo de las familias también se resiente desde hace tiempo. Nuevas restricciones se imponen, incluso sobre la alimentación y la salud, lo que implica «llamar» a la recesión si el consumo es el motor de la economía capitalista.
Los jóvenes son la generación sacrificada. El paro los sumerge en los barrios, los que tienen algún diploma deben esperar mucho tiempo hasta conseguir un trabajo sin calificación y mal pagado. Hay jóvenes en la periferia de las ciudades que jamás trabajaron y los estudiantes ya internalizaron que terminar la universidad no es conseguir un trabajo, sino ir a inscribirse en la oficina del paro.
La fuente de los conflictos está en la crisis financiera del capitalismo. Pero la cuestión no es de «crisis», sino de «clase». Frente a la timba financiera que finalmente saltó por los aires, la burguesía francesa se aprovecha de la crisis para obtener fondos públicos en carácter de subvenciones, para disminuir salarios y despedir trabajadores, para aumentar la jornada laboral, para cerrar fábricas y reinstalarlas en Europa del Este, China, India, donde la fuerza de trabajo es más barata. En el terreno de la lucha de clases, la burguesía francesa aprovecha la crisis para tomarse una revancha social contra la clase trabajadora que durante varias décadas logró nuevas conquistas sociales. Se apoya en la crisis económica que puso a la defensiva a los trabajadores, se apoya en las grandes corporaciones sindicales que después de organizar una manifestación se sientan en sus mullidos sillones a organizar la otra para meses más tarde con el sólo fin de evitar ser desbordados por las bases. Se apoya en los medios de comunicación porque los grandes medios son de su propiedad o controlados por su gobierno, en la falta de conciencia para sí de los trabajadores, en la inexistencia de oposición política y de costos políticos que pagar. Y avanza porque la burguesía no está debilitada por la crisis, por el contrario, la «crisis» le permite reorganizar el capitalismo frente a los trabajadores que no tienen la fuerza suficiente para plantear otras alternativas. Como si fuera poco, lo más probable es que las elecciones europeas de junio las gane el gobierno...
Ésta es la verdadera cara de la situación francesa de hoy y no la de la esposa del presidente, como algunos creen...
Organizadas por las principales centrales sindicales, las marchas se caracterizaron por la presencia de los más diversos segmentos sociales: obreros, empleados, jueces, funcionarios, docentes, carteros, investigadores, estudiantes, jubilados, despedidos sin trabajo, artistas de calle, madres solteras, policías, etc. Esta concurrencia inusitada traduce el fuerte grado de exasperación social que atraviesa Francia. Los demás gobiernos europeos camuflan el miedo de que la revuelta francesa inicie una serie de conflictos sociales en sus países.
Los medios de comunicación hacen su trabajo: silencio y manipulación. Nada se dice sobre las revueltas de los griegos. Se ofrece material periodístico sobre las bufonadas de Berlusconi para que podamos discutirlas, pero nada se dice sobre las huelgas de los obreros italianos. Los estudiantes universitarios franceses no saben que los estudiantes españoles también están en lucha y los españoles no saben que los franceses hace tres meses y medio que están en huelga, en los dos países por los mismos objetivos: contra la privatización de la enseñanza pública. Ningún diario español hace un comentario. ¿Qué sabemos de las huelgas y manifestaciones en Polonia y en Portugal...? Nada. Las empresas periodísticas mayoritariamente aliadas de los gobiernos cuidan de no extender el fuego.
Éste es un cuadro que difícilmente aparezca en los medios de comunicación argentinos que prefieren seguir la óptica «catastrófica» y adormecedora de conciencias que vienen del exterior. El ejemplo más divulgado es el «secuestro» de patrones. Es real que las luchas se radicalizan frente a la inflexibilidad de los patrones y del gobierno. La patronal, los partidos de derecha, el gobierno ponen cara de inquietos y difunden los hechos en sus medios de propaganda para manipular las conciencias sobre la «ilegalidad» de este tipo de lucha, lo que termina en una nueva vuelta de tuerca sobre los trabajadores justificando la represión. Un hombre que fabrica chips, neumáticos, cabezales de video durante ocho horas al día por 1.200 euros* después de quince años de antigüedad recibe, un día, el aviso de su patrón de que se quedó sin trabajo o que la fábrica cierra, que en el mejor de los casos estará incluido en un «plan social» trucho, una reclasificación profesional trucha, una posible nueva formación trucha, y que otro tipo de saco y corbata viene a explicarle que puede poner su propia empresa de peluquería para perros antes de pasar a engordar las estadísticas del paro. ¿Qué otra cosa podría haber hecho un trabajador en una situación semejante? Pues bien, el hombre no quiere perder su trabajo, no quiere transformarse en peluquero de perros ni abrir un salón de té biológico en una barriada, quiere conservar su casa que no terminó de pagar, quiere seguir pagando el curso de danza de la
pequeña, quiere comer un asadito de salchichas todos los domingos en familia. Lo único que les queda como acción a los trabajadores que van a 
perder todo es «secuestrar» al patrón. ¿Cuál es el resultado del «secuestro» de un patrón...? Ninguno. En ningún caso concreto de «secuestro» de patrón los trabajadores lograron cambiar la relación de fuerzas y evitar el despido masivo. Obligar al patrón a compartir unos sándwichs con los proles no es el resultado de la organización obrera, sino el de la desesperación. La burguesía lo sabe y por eso no sólo que no se inquieta, sino que lo difunde. Lo que la inquieta es cuando los trabajadores se organizan y eso no lo difunde en sus medios de propaganda. Este es un buen ejemplo de que «cuanto peor mejor» no es cierto.El movimiento de protesta es amplio y profundo y se corresponde con la dureza de la burguesía en el gobierno. La huelga en las universidades y en los centros de investigación dura ya dos meses y medio. El gobierno pareciera que todavía ni se enteró y los medios de comunicación tampoco. En julio del 2007 el parlamento votó una ley relativa a las libertades y
responsabilidades de las universidades. Presentada como una autonomía dada a las universidades, el proyecto consiste en realidad en abrir el conocimiento a la competencia y al mercado. La liberación progresiva del compromiso del Estado con la enseñanza y la investigación lleva al fin de un servicio público. Una de las modificaciones que presentan el mayor rechazo es el poder dado a los presidentes de universidades que podrán decidir sobre las horas dedicadas a la enseñanza y a la investigación de los docentes. En el mismo sentido decidirán sobre los métodos y contenidos de los cursos. Otro de los puntos rechazados de la ley es la supresión de plazas de docente y la precariedad del conjunto de la comunidad universitaria, al considerar en pasantía a los nuevos docentes, además de la tercerización progresiva de los trabajos administrativos. Poner en competencia a las universidades, así como a los investigadores, es la lógica gerencial de esta nueva ley. La desaparición de cursos, de centros de investigación y de pequeñas universidades «no rentables» es el objetivo no declarado. Pero lo que encendió el brasero fueron, en primer lugar, las promociones de los docentes que antes se hacían en el ámbito nacional según el curriculum del docente y ahora se harán a nivel local según cuánto se le chupe las medias al presidente. En segundo lugar, habrá un aumento de las horas de curso por docente sin aumento de su remuneración.En nombre de una pretendida modernización, las reformas universitarias revisten un carácter ideológico que apunta a
mercantilizar y rentabilizar el conocimiento y terminar con la calidad y perennidad del servicio público. El capitalismo industrial necesitaba fuerza de trabajo instruida, formada profesionalmente, que le permitiera entender y desarrollar el proceso de producción. La actual fase no la necesita. Todo lo contrario. Con un pequeño número de profesionales especializados seleccionados a través del dinero (pago de matrículas universitarias) le es suficiente. El resto de la sociedad no tendrá acceso a la cultura y a la educación, marginalizando a grandes porciones de la sociedad. Para ellos es mejor que no entiendan nada, que no piensen nada, que vendan barata su fuerza de trabajo y que trabajen sin chistar.Otro frente de lucha es el sistema de salud. Francia tiene uno de los mejores sistemas del mundo y… es público. Cada habitante gasta en salud alrededor de 2.300 euros por año y una gran parte son reembolsados por el Estado. Si se multiplica esta suma por los 65 millones de habitantes, tendremos una masa de dinero que el capital privado quiere apropiarse transfiriéndola del sector público al privado. El proyecto de ley en discusión sobre la salud, rechazado por la comunidad hospitalaria, apunta a sustituir la noción de «servicio público hospitalario» por el de «misiones de servicio público» que podría estar garantizado por cualquier establecimiento de salud privado. El gobierno intenta, así, borrar las diferencias entre el hospital público que recibe a todos los pacientes y la clínica privada donde el objetivo es ganar dinero y recibe sólo las patologías rentables.
De la misma manera que en la universidad, el director del hospital público no será un médico de la comunidad hospitalaria, sino un «manager», médico o no. Este «patrón» será juzgado por su capacidad para reabsorber déficits, es decir, eliminar las actividades de salud no rentables y
suprimir puestos de trabajo. La ley elimina el contrato de trabajo del médico y su remuneración estará en relación con el cumplimiento de los objetivos financieros. Por otro lado, ya no habrá concursos porque los médicos serán designados por el director que puede despedirlos cuando quiera. Para los/las enfermeros/as hay 20 mil empleos amenazados con el reagrupamiento de los servicios hospitalarios, con la «mutualización» de los recursos. En definitiva, el objetivo del gobierno es hacer pasar esa gran masa monetaria del sistema de salud al capital privado, reduciendo la calidad que primaba hasta ahora por la cantidad, un paciente importará por la tarifa y no por su enfermedad.Junto con la reacción popular por la ofensiva gubernamental contra los servicios públicos, en los últimos meses los conflictos sociales van en aumento y, según las encuestas de opinión, un 75% de los ciudadanos los sostienen. Una ola de despidos y cierres de empresas condujo a la supresión de cerca de 200.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2008. En el mes de marzo de 2009 hubo 70.000 despidos, lo que para el gobierno «no es catastrófico». La industria automotriz, la banca, el transporte, la distribución, la petroquímica, la siderurgia despiden trabajadores, cierran establecimientos provisoria o definitivamente, suspenden días de trabajo. Los obreros de Continental reaccionaron violentamente luego de que la justicia le diera la razón a la patronal para cerrar la fábrica dejando en la calle a 1.200 trabajadores. La respuesta del gobierno fue perseguir judicialmente a los trabajadores. Los trabajadores de Caterpiller luchan por evitar 733 despidos. Los trabajadores del gas y de la electricidad realizan cortes «salvajes» reclamando aumentos de salarios y el fin de la privatización. Los obreros de Sony y de Molex retienen a los patrones. Hasta los guardianes de prisión están en huelga.
Despido para los trabajadores, 26 mil millones de euros para las empresas en subsidios, 360 mil millones de euros para los bancos, salarios e indemnizaciones astronómicas para los dirigentes de empresas. En marzo, el director de una empresa automotriz que recibió 19 millones de euros en ayuda del Estado y despidió el 10% de sus trabajadores, deja la empresa con una indemnización de más de 3 millones de euros. Alcatel en pleno marasmo financiero, premia a dos de sus directores con una indemnización de 6 millones a cada uno. Estas indemnizaciones se hicieron públicas luego del anuncio de 12.500 despidos de trabajadores en la empresa. El trabajo sucio de despedir trabajadores o cerrar empresas lo realizan los «limpiadores de empresas», los «yuppis» de una nueva profesión en auge. Su misión es simple: despedir evitando complicaciones jurídicas y limitando las indemnizaciones de los trabajadores al mínimo legal.
Nuestro objetivo no es discutir si la crisis existe o no, sino mostrar cómo la burguesía aprovecha de la «crisis» para avanzar sobre los trabajadores. Se podrían señalar algunas proposiciones del gobierno que con sólo mencionarlas permiten vislumbrar la amplitud de la ofensiva burguesa. El gobierno presentó un proyecto de ley que fomenta «el préstamo» de la fuerza de trabajo entre empresas, lo que le permite romper con los sindicatos, las comunidades de trabajo, la residencia geográfica de los trabajadores. La próxima ley que será tratada en el Parlamento se refiere al trabajo dominical: las empresas podrán obligar a sus trabajadores a trabajar los domingos. Y la que provocó una gran movilización de la ciudadanía: por ayudar, darle de comer o abrigo a un inmigrante no legal, un ciudadano puede ir a prisión cuatro meses, como mínimo.
Éste es el panorama mediatizado de la «crisis» actual francesa. Por debajo de este panorama están los jubilados que batallan día a día por subsistir. Un obrero textil que trabajó más de 40 años tiene hoy una jubilación de 750 euros al mes. El consumo de las familias también se resiente desde hace tiempo. Nuevas restricciones se imponen, incluso sobre la alimentación y la salud, lo que implica «llamar» a la recesión si el consumo es el motor de la economía capitalista.Los jóvenes son la generación sacrificada. El paro los sumerge en los barrios, los que tienen algún diploma deben esperar mucho tiempo hasta conseguir un trabajo sin calificación y mal pagado. Hay jóvenes en la periferia de las ciudades que jamás trabajaron y los estudiantes ya internalizaron que terminar la universidad no es conseguir un trabajo, sino ir a inscribirse en la oficina del paro.
La fuente de los conflictos está en la crisis financiera del capitalismo. Pero la cuestión no es de «crisis», sino de «clase». Frente a la timba financiera que finalmente saltó por los aires, la burguesía francesa se aprovecha de la crisis para obtener fondos públicos en carácter de subvenciones, para disminuir salarios y despedir trabajadores, para aumentar la jornada laboral, para cerrar fábricas y reinstalarlas en Europa del Este, China, India, donde la fuerza de trabajo es más barata. En el terreno de la lucha de clases, la burguesía francesa aprovecha la crisis para tomarse una revancha social contra la clase trabajadora que durante varias décadas logró nuevas conquistas sociales. Se apoya en la crisis económica que puso a la defensiva a los trabajadores, se apoya en las grandes corporaciones sindicales que después de organizar una manifestación se sientan en sus mullidos sillones a organizar la otra para meses más tarde con el sólo fin de evitar ser desbordados por las bases. Se apoya en los medios de comunicación porque los grandes medios son de su propiedad o controlados por su gobierno, en la falta de conciencia para sí de los trabajadores, en la inexistencia de oposición política y de costos políticos que pagar. Y avanza porque la burguesía no está debilitada por la crisis, por el contrario, la «crisis» le permite reorganizar el capitalismo frente a los trabajadores que no tienen la fuerza suficiente para plantear otras alternativas. Como si fuera poco, lo más probable es que las elecciones europeas de junio las gane el gobierno...
Ésta es la verdadera cara de la situación francesa de hoy y no la de la esposa del presidente, como algunos creen...
Por Juliette Dupont (Corresponsal en Francia)
*Para realizar una comparación no se debe multiplicar los euros por su valor en pesos porque no muestra nada sobre el poder de compra. A nivel de los precios relativos, lo que compra 1 euro en Francia lo compra 1 peso en Argentina.
