PARA LAS EMPRESAS PRIVILEGIOS, PARA LOS TRABAJADORES PALOS
Al estado burgués en la presente etapa no le interesa amortiguar ni disimular los choques con el proletariado y ése debe ser el punto de partida para el análisis de cualquier situación futura.
Cuando el año pasado los “piqueteros terratenientes” provocaron cortes en rutas PÚBLICAS y produjeron el DESABASTECIMIENTO de toda la población, el estado burgués envió a la gendarmería DESARMADA para “persuadirlos” –objetivo no logrado- y DESVIAR el tránsito PERMITIENDO y GARANTIZANDO sus cortes. Ni una bala de goma ni un gas lacrimógeno ni un palazo ni un procesamiento para nadie. ¿Hace falta recordar que apenas dos años antes había ocurrido el asesinato de Carlos Fuentealba y poco después la represión salvaje en Jujuy en un desalojo del municipio y el Concejo de La Quiaca que había sido tomado en reclamo de mejoras en planes sociales?
Cuando Kraft (ex Terrabusi) despidió a 164 trabajadores que reclamaban salarios adeudados desde febrero y denunciaban que la empresa pretendía iniciar su vaciamiento para irse del país, el estado burgués mandó a la policía armada hasta los dientes para proteger esa PROPIEDAD PRIVADA de la multinacional que se había dado el lujo no sólo de despedir, sino de mantener desprotegidos a sus trabajadores de las más mínimas normas de seguridad del trabajo en plena epidemia de Gripe A.
No hubo ningún juez que aplicara las propias leyes burguesas para garantizar el abastecimiento del país decretando la ilegalidad del lock out patronal del campo y aplicando una norma que la misma burguesía ha establecido supuestamente para “defender” los derechos del conjunto de la sociedad por encima de los intereses sectoriales de los más “favorecidos”. En cambio, sí hubo un juez que decretara la ilegalidad de la medida tomada por los trabajadores de Terrabusi. Ese juez intervino con una velocidad digna de una causa humanitaria…
Después de la represión, la Embajada de Estados Unidos pidió al gobierno que intercediera en el enfrentamiento entre la empresa y los obreros. Ante el país y la opinión pública es una típica intervención del país imperial, mientras propone a los países de la región un salvataje internacional que significa endeudarse para su propia salvación de la crisis terminal.
Ni el gobierno ni su ministerio de trabajo están interesados en el real progreso de las “negociaciones” de la empresa con los trabajadores. Y la empresa está tan confiada en el respaldo oficial, que ni siquiera guarda las formas ni trata de mostrar que cumple. Fue el vocero del propio ministerio el que informó públicamente del resultado de la gestión: “la empresa no se irá del país, y no seguirá despidiendo más trabajadores”. Así, el gobierno pretende no sólo dar por “irreversibles” los 155 despidos - sólo 20 trabajadores fueron reincorporados-, sino convalidar la represión que le había reclamado abiertamente por las radios al gobernador Scioli. Entretanto, ante cámaras de la televisión, la presidente, siempre elegante, advertía que los cortes piqueteros deberían dejar de realizarse.
Los despidos en Terrabusi son una muestra de los tantos conflictos que se avecinan. La crisis mundial producirá muchas cesantías y el intento de las multinacionales de llevarse todo a sus respectivos centros para paliar las crisis del norte se recrudecerá. Para ello mantiene su férrea unidad.
Los enfrentamientos que se avecinan serán favorables para acumular fuerza, conciencia y organización.
¿Debemos recordar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires –por nombrar solamente uno- está al borde de la cesación de pagos y que se rumorea el regreso de los patacones…?
Mientras el parlamento burgués centraliza la escena en la ley de Medios, una cuestión que no afecta directamente al proletariado -los medios de comunicación seguirán representando los intereses del estado burgués que sostienen y que los defiende- se filtran casi en silencio los tarifazos que, de injustos, ya parecen imposibles: ¡400% de aumento en los servicios! Firmados en octubre del año anterior, aplicados en enero de 2009, con un corto periodo de “suspensión” – casualmente durante el período electoral-, con “subsidios” generosos a las empresas privadas para que no se perjudiquen, vuelven reforzados por el parlamento. La vara no mide igual si se trata de empresarios u obreros: para los patrones la protección y la garantización de sus ganancias con gases, balas de goma –por ahora- y garrotazos o cárcel para los trabajadores; para los trabajadores, la desocupación y la represión...
El Partido Revolucionario de los Trabajadores REPUDIA toda represión ejecutada contra los trabajadores y se solidariza con ellos, a la vez que responsabiliza al Gobierno Nacional no sólo por la violencia engendrada, sino también por la seguridad física de cada uno de los trabajadores que luchan por defender su dignidad.
Exigimos:
Inmediata reincorporación de cada despedido.
Cese de la criminalización de la protesta social.
Cese de la represión sobre trabajadores y sectores desprotegidos de la sociedad. |
